Por el incendio de la sede de la Registraduría de Gamarra, Cesar, donde murió la funcionaria Duperly Arévalo, el miércoles una juez de control de garantías envió a prisión a cuatro de los presuntos implicados, mientras a otro le dio casa por cárcel.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra las cinco personas relacionadas en este hecho, y había solicitado una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad para todos.
De acuerdo con las pruebas recolectadas por el ente acusador, los hoy implicados coordinaron un plan para evitar que se realizaran las elecciones regionales del domingo 29 de octubre, arrojando gasolina sobre la sede para quemar los tarjetones, pero, no se pensó un segundo en dejar que las personas salieran.
Wilfrido Campos, William Castro Torrado, Yuberlys Bermúdez Rubiano e Isaias Peña Olivero recibieron la medida intramural, mientras que Julio Rojas Marín recibió la domiciliaria.
Una fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio y violencia contra servidor público.
