Una investigación por presunta corrupción en Perú estalló contra el entorno más cercano a la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, que la involucra como supuesta cabeza de una organización criminal, mientras que ella misma denunció a la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado a raíz de las muertes en las protestas a inicios de año.
El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Efficop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional realizaron el lunes 27 de noviembre de 2023 un operativo con detenciones y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general.
Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal “enquistada en la alta dirección del Ministerio Público” para influir “ilícitamente en decisiones de congresistas” con el fin de destituir a los titulares de la Junta Nacional de Justicia, en la designación del actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
En respuesta, Benavides destituyó a la coordinadora del Efficop, rechazó las acusaciones y anunció que ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades por las muertes que se produjeron entre diciembre y marzo pasado, durante las manifestaciones antigubernamentales en el país.
A su vez, la mandataria peruana aseguró que la denuncia presentada en su contra por la fiscal general es una “deleznable maniobra política” con la que pretende “distraer la atención” de la ciudadanía.
Boluarte afirmó en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides “tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”, por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general de encabezar una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.
La jefa de Estado señaló que le causa “extrañeza” que la denuncia en su contra “haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción”.
Asimismo, agregó que las investigaciones iniciadas que comprometen a la fiscal de la Nación y su equipo “deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y respetando el debido proceso legal”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo en entrevista con RPP Noticias que “no existe una sola persona que impute a la presidenta o a los ministros” con el delito de homicidio calificado y que tampoco han “terruqueado” a nadie en las protestas antigubernamentales de este año.
Lo que sí “hemos dicho es que tomar aeropuertos es un acto de terrorismo”, admitió Otárola sobre algunas de las menciones del Ejecutivo que aparentemente enardecieron a los manifestantes durante las movilizaciones de protesta.
Según el primer ministro, el Ejecutivo peruano siempre ha buscado “la paz y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos” y que “se respeten los derechos fundamentales”.
Reiteró que la denuncia presentada por Benavides es “un intento burdo” de intentar desviar la atención, pero que él, la mandataria y otras exautoridades denunciadas van a defenderse “con la Constitución y la ley en la mano”.
También el lunes, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron a Benavides que renuncie al cargo tras haber sido involucrada “en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal”.
“Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución”, señalaron Sánchez y Villena, en una carta que enviaron a Benavides y fue publicada por medios locales.
