La Contraloría General de la República estableció un presunto detrimento patrimonial, en cuantía de 12 millones (160 mil dólares americanos), que corresponden a una cifra cercana a los $58.103 millones de pesos de los recursos públicos comprometidos en la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer, Legacy 600 VIP, por parte de la Policía Nacional.
Para la Contraloría, la compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional.
El hallazgo sobre la compra del avión tiene presunta connotación fiscal, posibles incidencias disciplinaria y penal y otra relacionada con la ejecución del proyecto de inversión.
