La Fiscalía General de la Nación, judicializó a siete personas, entre ellas tres exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), presuntamente implicadas en un entramado de corrupción que afectó los recursos destinados a la atención de la primera infancia y mujeres gestantes en La Guajira.
De acuerdo con el ente acusador, las irregularidades detectadas en la contratación para comunidades vulnerables en Riohacha y Manaure habrían generado un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.
La investigación señala que los hechos ocurrieron entre febrero y diciembre de 2019, con tres contratos suscritos por la seccional de este departamento con una asociación privada.
