La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres Cárdenas, fue enfática al afirmar que el constreñimiento electoral no es aceptado y
advirtió nuevamente que ningún contratista tiene que ver coaccionado su trabajo a cambio de la búsqueda de votos. Además, señaló que los servidores y colaboradores de la entidad tienen prohibido usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral, ni autorizar la utilización de inmuebles o muebles de carácter público para actividades proselitistas.
De igual forma, Astrid Cáceres Cárdenas reiteró que los colaboradores y servidores del ICBF tienen prohibido acosar, presionar o determinar en cualquier forma, a particulares o subalternos a respaldar alguna causa, campaña, controversia política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. Incurrir en alguna de las prohibiciones, además de ser constitutivo de infracción disciplinaria gravísima puede llegar también a configuración una infracción penal.
De otra parte hizo un llamado a la comunidad para que no se deje engañar ya que está prohibido ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato o indebido a los ciudadanos, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.
Finalmente, la directora general del ICBF invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 018000 918080 opción 4 o al correo electrónico Anticorrupción@icbf.gov.co
