La Universidad Nacional certificó que la congresista no figura como egresada de la Ingeniería de Minas.
La controversia sobre las credenciales académicas de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, dejó de ser un debate político para instalarse en el terreno judicial. La Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, certificó que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró ningún registro de que Estrada sea egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia y que la copia del registro de diploma presentada “no fue expedida por esta Universidad y Sede”.
La institución anunció que pondrá el caso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente por una presunta falsedad en documento público. Pero, jurídicamente, ¿qué delito configura la falsificación de un diploma universitario cuando quien lo presenta es un funcionario público o un congresista?
El tipo penal aplicable por presunta falsificación de diploma de congresista del Pacto Histórico
El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) tipifica en su Título IX las conductas relacionadas con la falsedad documental pública o privada. Para el caso de quien presenta o utiliza un diploma falsificado sin haber participado directamente en su elaboración material, la conducta se adecúa al artículo 291: uso de documento público falso. Esto teniendo en cuenta que el título falsificado corresponde a una universidad pública.

Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia por el Pacto Histórico. Foto:Redes sociales.
La norma establece que “el que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años”. La pena fue modificada por la Ley 1142 de 2007, que elevó el mínimo que originalmente contemplaba el Código.
Si se logra acreditar que la congresista no solo usó el documento, sino que indujo en error a un servidor público para obtener un documento público que pudiera servir de prueba —por ejemplo, la expedición de una tarjeta profesional por parte del COPNIA—, el escenario sería el del artículo 288: obtención de documento público falso, que contempla prisión de tres a seis años.
Además, si se comprueba que el documento falso se utilizó para el trámite de una tarjeta profesional, la congresista podría incurrir en el delito de fraude procesal. Según el Código Penal, este se configura cuando “el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.
En dicho caso, el acusado incurriría en prisión de seis a 12 años.
