La directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, señaló que se adelantó una auditoría forense a la contratación de la entidad en articulación con la secretaría de transparencia de la presidencia, en la que hallaron irregularidades en 220 contratos de la entidad.
Se estableció que estos estaban a cargo de 59 operadores con características similares, pues asegura que aparece un mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance.
Indicó que se encontró registro de personal en nóminas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores; y hallaron presunta documentación falsificada para soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia.
Contratos de operadores también son los que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana.” Manifestó la directora de la institución
Puntualizó que organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez en Colombia han tenido relación directa con clanes políticos.
Por Juan Carlos Arenas
