La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia por posibles actuaciones ilícitas en el trámite y celebración de más de un centenar de contratos.
Según el ente acusador, los elementos de prueba recogidos señalan que, después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera públicamente su renuncia la noche del 27 de febrero de 2023, Urrutia “habría ordenado dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses”.
En el comunicado emitido se relató que los contratistas que dieron por terminado sus contratos de manera anticipada argumentaron motivos personales, algo que “no corresponde a la realidad”, debido a que días después de estas finalizaciones y por petición de la ministra, fueron contratados de nuevo por un término de ejecución mayor al original, el cual se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023.
Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal señaló que “para el cargo y suscripción de los nuevos 104 contratos, el Ministerio tuvo la premura y urgencia que la mayoría de estos fueron suscritos en días y horas no hábiles”.
La investigación estableció que entre el 2 y el 6 de marzo de 2023 se celebraron 104 contratos en aparente desconocimiento de requisitos legales como ausencia de certificados, falta de justificación de la necesidad de contratación de profesionales por prestación de servicios y uso de certificaciones de aportes al sistema de seguridad social desactualizadas.
Por los hechos celebrados, a María Isabel Urrutia se le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, sin embargo, el cargo no fue aceptado por la investigada.
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