El Agente Interventor de la empresa Air-e, Edwin Palma, le envió una carta a la Asamblea del Atlántico, para que revise las implicaciones del cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la factura del recibo de energía, y pidió adelantar una revisión alrededor de dicho tributo y el impacto que tiene en los usuarios del departamento.
Como se lo hemos expresado al equipo de la Gobernación del Atlántico, Air-e tiene serios reparos jurídicos sobre la manera en que se definió este tributo, la forma en que se le impuso la condición de “Agente Recaudador”, y las obligaciones de declaración y pago derivados de esta gestión fiscal.
Este tributo viola tres Leyes, y desconoce sentencias, ya que en ellas no se habilitó a las entidades territoriales para establecer la presentación de una declaración del recaudo con pago, así como tampoco la imposición de una sanción en caso de no hacerlo, señala la comunicación.
Redacción: Juan Carlos Arenas
