Un juzgado de Barranquilla legalizó las capturas y judicializó a tres miembros de una prestigiosa familia en la región Caribe, por el delito de presunto fraude fiscal cercano a los $157 mil millones de pesos, comercializando cientos de celulares de contrabando bajo un modelo de subfacturación para importarlos.
La Fiscalía General de La Nación solicitó a la Interpol, además, ubicar de inmediato a un cuarto miembro, quien se encontraría en España, y a quien también le imputarían los delitos de fraude aduanero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y concierto para delinquir con fines de contrabando.
De acuerdo con los elementos de prueba, Álvaro Yazid y Miguel Ángel Vargas Ruiz, Maritza Ruiz de Vargas y María Estela Granados Araque habrían constituido en Barranquilla, una empresa ilegal dedicada a la adquisición y comercialización de productos de tecnología.
