La fuerza élite, integrada por miembros de la Policía y de la Fiscalía General, diseñó un plan institucional de acción conjunta para identificar y judicializar a los autores de estos actos violentos, como respuesta coordinada y articulada del Estado frente a los desafíos que plantea la acción ilegal de grupos criminales.
La estrategia incluye la implementación de una operación coordinada para redoblar la protección a guardianes del INPEC, acompañada del aseguramiento perimetral para las cárceles.
El ministerio de Justicia se compromete a emprender acciones para evitar que decisiones judiciales arbitrarias, afecten la buena marcha de las investigaciones para esclarecer los crímenes contra los servidores.
Se inició un proyecto de implementación de política criminal centrado en la seguridad carcelaria, que tendrá como eje central la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyan a impedir la comisión de delitos desde los centros carcelarios y garanticen la vida y la seguridad de los funcionarios del INPEC.