Por iniciativa del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se lanzó una alianza para que mujeres privadas de la libertad en condiciones de marginalidad puedan pagar sus condenas a través de servicios comunitarios, evitando cumplir sus penas en prisión.
En Colombia, 5.942 mujeres cumplen los requisitos para beneficiarse de esta ley. Solo en el centro carcelario El Buen Pastor de Bogotá, hay 1.423 potenciales beneficiarias.
Hasta la fecha, 105 mujeres han sido liberadas bajo esta medida, y se encuentran habilitados 2.549 cupos en todo el país, para que más puedan acceder al programa, gracias a la colaboración de 27 aliados, entre ONG, organizaciones sin ánimo de lucro y entidades públicas, vinculados al Ministerio de Justicia.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó la articulación institucional para implementar esta alternativa penal, señalando que la prioridad es ampliar la cobertura.