El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) busca mejorar el modelo de selección de operadores que venía funcionando en la entidad a través de la herramienta BETTO y sobre la cual se han presentado quejas por aparentes fallas de funcionamiento y la posible generación irregular de orden de elegibilidad de los oferentes.
La implementación de este propósito se deriva de hallazgos encontrados en una auditoría interna que se realizó a la utilización de la herramienta en la elección de los oferentes para el ICBF para la implementación de las modalidades de Primera Infancia. Los hallazgos encontrados generan dudas importantes en la transparencia y los resultados del proceso de selección a través de la plataforma.
Los hallazgos encontrados demuestran que, pese a contar con una herramienta digital, la misma podía modificarse frecuentemente por el factor humano, el cargue de la información en el aplicativo no era preciso, no respondía a los criterios de calidad propuestos en la selección de operadores, además propiciaba posibles errores en la selección de operadores de servicios, se identificó que algunos oferentes no contaban con calificación del Índice de Desempeño de las Entidades Administrativas del Servicio (IDEAS), que era un criterio de verificación y habilitación. Según la auditoría esta última plataforma también tiene fallas en sus procesos pues se han evidenciado que lo reportado en documentos no corresponde a la realidad de lo que hay en los territorios.
Adicionalmente, los algoritmos de aprendizaje automático con que funcionaba el aplicativo y que desde su lanzamiento en 2020 se anunció al país se basaba en inteligencia artificial, no permitían adelantar la verificación propia y necesaria para los criterios de selección, elemento fundamental en el ejercicio de selección de los operadores.
Actualmente, el ICBF trabaja en la estructuración de nuevos esquemas de selección que se articulen con la función de vigilancia y control que debe ejercer la entidad a la prestación del servicio de Bienestar familiar. Este esquema iniciará con la conformación del Registro Único de Oferentes con personerías jurídicas que permita contar con proveedores categorizados con información oficial, como herramienta para adelantar estudios del sector, definir requisitos de selección pertinentes y luego adelantar un proceso de selección que observe las necesidades territoriales. Para esto tenemos las siguientes acciones:
- Convocatoria para conformar el Registro Único de Proveedores con personerías jurídicas del ICBF, lo que luego permitirá generar participación plural de oferentes en los procesos de contratación, democratización de la contratación.
- Convocatorias para contratar los servicios del ICBF bajo criterios de selección que observen las características territoriales, las necesidades de atención y los principios de transparencia y objetividad.
- Uso de las plataformas transaccionales de contratación y sistemas oficiales para verificación de experiencias, indicadores financieros, criterios jurídicos y de más condiciones de la invitación.
El tema no se agota en la divulgación y la selección de los contratistas, es necesario un esquema de seguimiento a la ejecución que permita generar alertas cuando los servicios no se presten con la calidad debida. Para esto es fundamental dinamizar los esquemas de control social y los propios de las entidades del Estado que permita vigilar, corregir, sancionar o incluso cambiar rápidamente de contratista, posibilidad que se está implementando en el nuevo manual de contratación del ICBF.
En suma, se trata de retomar principios fundamentales de la contratación pública, que presuntamente se perdieron de vista en las contrataciones de estos servicios, pluralidad, democratización, objetividad, publicidad y sobre todo la transparencia a la hora de definir a los mejores para atender a los niños, niñas y adolescentes, quienes se constituyen en la generación para la vida y la Paz.