La Controlaría General de la Nación y el contralor delegado para la participación ciudadana Luis Carlos Pineda, han manifestado con gran preocupación las irregularidades e inconsistencias que ha tenido el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Hasta la fecha la entidad ha emitido 35 fallos de responsabilidad fiscal por más de 7.900 millones de pesos contra entes territoriales y operadores en 14 departamentos del país.
Las inconsistencias se representan principalmente en los departamentos de Amazonas, Cundinamarca Antioquia, Cesar ,Casanare, Arauca; Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Tolima y Valle de Cauca.
Para la contraloría, es inaceptable que los niños, niñas y adolescentes estén regresando a los colegios sin tener garantizado su derecho a la seguridad alimenticia.
Además, las porciones de comida que se están entregando no son las adecuadas para su completo desarrollo. A esto se le agrega que los tiempos de entrega no son los pactados.
Según un informe de la Contraloría y el Ministerio de Educación sobre el balance del Programa de Alimentación Escolar (PAE); reveló que 25 entidades territoriales iniciaron clases sin prestar este servicio.
Por otro lado, la procuraduría también se ha hecho escuchar frente a este tema y solicita al ICBF Regional La Guajira apropiarse del caso puntual de esta región para priorizar la entrega de alimentos a las comunidades wayuu.
En el caso de la Guajira; el Ministerio Público pidió especificar datos tales como la fundación, operador contratado y aspectos de los negocios jurídicos como el valor; el número de beneficiarios, las comunidades donde se prestará el servicio e información de representación legal.