Se conoció el informe final de la Comisión de la Verdad el cual, es el resultado de cuatro años de investigación, escucha comprometida y diálogo sobre más de medio siglo de guerra y conflicto armado en Colombia.
En su proceso de esclarecimiento la Comisión escuchó a cerca de 30.000 personas de todos los sectores en entrevistas individuales y colectivas, trabajó en 23 países, además de Colombia, y tuvo alrededor de 3.400 aliados que apoyaron su mandato.
El informe final le dirá al país el porqué del conflicto armado y tendrá una serie de recomendaciones que espera que sean acatadas por el Estado colombiano para la no repetición del conflicto. Esta entrega fue a las 11 de la mañana en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá.
Cómo son 10 capítulos, la idea es que estos tengan impacto y que no quede en un documento más, por eso cada mes se liberarán más capítulos.
Acabar con el prohibicionismo: recomendaciones del Informe Final para narcotráfico.
La Comisión de la Verdad plantea que el Estado colombiano debe liderar un debate internacional que cambie el paradigma hacia la regulación. Eliminar la erradicación forzada de cultivos y renunciar definitivamente al glifosato, algunas de las sugerencias.
“La Comisión concluyó que es tiempo de avanzar en un compromiso frente a la superación definitiva del prohibicionismo”, sentencia la Comisión de la Verdad frente a la política de lucha contra las drogas y el narcotráfico, en un borrador de las recomendaciones que conoció Colombia+20.
La Comisión le recomienda al Estado “liderar y promover un debate internacional para la modificación del régimen global basado en la prohibición de las drogas y así avanzar hacia un régimen regulatorio”. Esto con el fin de materializar un cambio notorio en la política de drogas, pues Colombia ha sido uno de los países que más ha sufrido las consecuencias de la guerra contra las drogas.
Para llevar a cabo este plan, el estado debe concentrarse en los actores de la cadena que generan violencia, lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales.
Por su parte, para personas privadas de la libertad por delitos menores de drogas se debe promover la excarcelación, entre otras medidas de inclusión social y atención psicosocial. En concreto: enfocarse en el crimen organizado y no en acabar la oferta.
Periodista: Geraldine Rozo y Juan Carlos Arenas.